Al comenzar el 2008, ocurrieron dos accidentes de tránsito en el departamento de La Paz, cerca del Santuario de Copacabana, y dejaron como resultado muertos y heridos graves, en total 29 personas fallecidas y más de 40 con diagnóstico grave y una lenta curación.
La primera satisfacción de autoridades y de damnificados fue decir que los vehículos destruidos “tenían seguro”, que afortunadamente era cierto, pero ese no es el hecho más importante.
La Policía Nacional, la institución cuyo objetivo principal e insubordinable es el de proteger la vida, mostró otra faceta de su incompetencia y –a esta altura de la acumulacióna de accidentes, heridos y muertos– su incapacidad real para realizar tareas de seguridad personal como acontece en los casos que recordaremos.
El minibús que impactó frontalmente contra la volqueta llevaba pasajeros cerca del doble de su capacidad, pero estaba construido para llevar solamente a 12 personas, pero viajaba con 23. Su paso por la tranca de control, un kilómetro antes, fue autorizada por la Policía que pese a testificarlo, no detuvo su viaje ni cuestionó el número de pasajeros que llevaba consigo.
Para el policía de turno la vida humana, su cuidado y conservación, por lo menos en teoría, el valor más alto de una sociedad, no tuvo ningún reparo, aunque todas las instituciones de la sociedad moderna, están dirigidas a garantizar la vida y proteger a las personas.
Es irracional suponer que la protección de la vida humana, sea eliminada de los objetivos más importantes de algunas instituciones. Más aún cuando estas, norman, vigilan y tratan actividades que ponen la vida humana en mayor riesgo constantemente.
Tolerancia
El policía de Tránsito toleró que un vehículo público baje sus pasajeros en media calzada, poco después tolera que un pasajero apurado baje cuando está en movimiento. Y al salir de la ciudad tolera que los pasajeros casi dupliquen la capacidad de transporte del vehículo.
Desde el punto de vista legal, la tolerancia está clasificada como delito, se llama “deber de cuidado” y es el compromiso de todas las personas de realizar sus deberes o actividades con precaución, con cuidado.
En el caso que se rememora las autoridades tienen que tener “deber de cuidado”, lo que significa aplicar correctamente los reglamentos de Tránsito y, si existiere, resistencia a cumplirlos, y en su caso castigar la desobediencia.
Somos testigos del incumplimiento de la regla o de la norma, que es una situación de excepción y su violación, los accidentes.
Frecuentes accidentes
Cabe cuestionarse si la Policía responde a sus mandos o a los sindicatos. La pregunta es pertinente, pues, las justificaciones policiales son semejantes: ante la insistencia del conductor o del sindicato, el representante policial termina torciendo la norma y violando la ley. Muchas veces con suerte, pero cuando no hay suerte: ¿quién tiene la culpa de lo sucedido?
Los sindicatos de transporte renuevan sus credenciales cada vez que obligan a la autoridad ó a la sociedad a ceder ante sus exigencias.
A principios del año inmovilizaron por varios días el tránsito y las actividades en El Alto para obligar a la rebaja del SOAT. Logrado su objetivo, presionan a todo su entorno para seguir ganando ventajas, cuando lo único que dan a cambio es terror y muerte.
Ventajas
Las autoridades tienen su parte en este macabro convite, su papel es traducir la demanda sindical en orden a las empresas. “Solicitan” que la exigencia se cumpla en las condiciones en que fue demandada por el transporte sindicalizado y despues a contar los votos y los “leales”.
No se pronuncian ante eventos infaustos ni siquiera llamando la atención de los culpables, cumpliendo su tarea reglamentaria y reguladora. Su silencio, empero, es exclusivo al que consideran “capital electoral”. El pasajero y usuario del servicio no lo es, por ello, no recibe ninguna seguridad o certeza de control futuro.
La primera satisfacción de autoridades y de damnificados fue decir que los vehículos destruidos “tenían seguro”, que afortunadamente era cierto, pero ese no es el hecho más importante.
La Policía Nacional, la institución cuyo objetivo principal e insubordinable es el de proteger la vida, mostró otra faceta de su incompetencia y –a esta altura de la acumulacióna de accidentes, heridos y muertos– su incapacidad real para realizar tareas de seguridad personal como acontece en los casos que recordaremos.
El minibús que impactó frontalmente contra la volqueta llevaba pasajeros cerca del doble de su capacidad, pero estaba construido para llevar solamente a 12 personas, pero viajaba con 23. Su paso por la tranca de control, un kilómetro antes, fue autorizada por la Policía que pese a testificarlo, no detuvo su viaje ni cuestionó el número de pasajeros que llevaba consigo.
Para el policía de turno la vida humana, su cuidado y conservación, por lo menos en teoría, el valor más alto de una sociedad, no tuvo ningún reparo, aunque todas las instituciones de la sociedad moderna, están dirigidas a garantizar la vida y proteger a las personas.
Es irracional suponer que la protección de la vida humana, sea eliminada de los objetivos más importantes de algunas instituciones. Más aún cuando estas, norman, vigilan y tratan actividades que ponen la vida humana en mayor riesgo constantemente.
Tolerancia
El policía de Tránsito toleró que un vehículo público baje sus pasajeros en media calzada, poco después tolera que un pasajero apurado baje cuando está en movimiento. Y al salir de la ciudad tolera que los pasajeros casi dupliquen la capacidad de transporte del vehículo.
Desde el punto de vista legal, la tolerancia está clasificada como delito, se llama “deber de cuidado” y es el compromiso de todas las personas de realizar sus deberes o actividades con precaución, con cuidado.
En el caso que se rememora las autoridades tienen que tener “deber de cuidado”, lo que significa aplicar correctamente los reglamentos de Tránsito y, si existiere, resistencia a cumplirlos, y en su caso castigar la desobediencia.
Somos testigos del incumplimiento de la regla o de la norma, que es una situación de excepción y su violación, los accidentes.
Frecuentes accidentes
Cabe cuestionarse si la Policía responde a sus mandos o a los sindicatos. La pregunta es pertinente, pues, las justificaciones policiales son semejantes: ante la insistencia del conductor o del sindicato, el representante policial termina torciendo la norma y violando la ley. Muchas veces con suerte, pero cuando no hay suerte: ¿quién tiene la culpa de lo sucedido?
Los sindicatos de transporte renuevan sus credenciales cada vez que obligan a la autoridad ó a la sociedad a ceder ante sus exigencias.
A principios del año inmovilizaron por varios días el tránsito y las actividades en El Alto para obligar a la rebaja del SOAT. Logrado su objetivo, presionan a todo su entorno para seguir ganando ventajas, cuando lo único que dan a cambio es terror y muerte.
Ventajas
Las autoridades tienen su parte en este macabro convite, su papel es traducir la demanda sindical en orden a las empresas. “Solicitan” que la exigencia se cumpla en las condiciones en que fue demandada por el transporte sindicalizado y despues a contar los votos y los “leales”.
No se pronuncian ante eventos infaustos ni siquiera llamando la atención de los culpables, cumpliendo su tarea reglamentaria y reguladora. Su silencio, empero, es exclusivo al que consideran “capital electoral”. El pasajero y usuario del servicio no lo es, por ello, no recibe ninguna seguridad o certeza de control futuro.
