Ni resoluciones de la Superintendencia de Transportes ni un decreto del Gobierno lograron evitar los accidentes trágicos en la vía que une los departamentos de La Paz y Oruro, que son recurrentes y que enlutan a cientos de familias bolivianas cada año, mientras que la Policía sólo verifica ocasionalmente que la imprudencia de los choferes y consumo de alcohol no tienen límite ni control efectivo.
El domingo, 15 personas fallecieron y 51 resultaron heridas en un trágico hecho ocurrido en esa carretera. Uno más.
A través de la Resolución 153/2007, la Superintendencia de Transportes exigía que los buses que realizan viajes interdepartamentales otorguen a sus pasajeros desde cinturones de seguridad hasta frazadas y almohadas limpias, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio para el usuario. Esa normativa establecía que los funcionarios de Odeco debían verificar en las terminales el cumplimiento de la medida después de 90 días.
Sin embargo, los choferes se opusieron y presentaron recursos en contra del uso de cinturón y ganaron. Hoy no los utilizan.
Desde la Superintendencia, se informó ayer oficialmente que un proyecto de ley de seguridad vial está en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados. En esa normativa se fijan responsabilidades. ´A nosotros nos corresponde todo lo relacionado con la calidad de servicio del transporte interdepartamental. Cuando esta norma se apruebe en el Congreso, contaremos con el respaldo legal que ahora no tenemos para hacerla cumplir´, dijeron.
En agosto del 2007, el Gobierno emitió un decreto supremo. De acuerdo con el detalle que dio el entonces viceministro de Seguridad Ciudadana, Marcos Farfán, la cabina del conductor no podía estar, como sucede ahora, cerrada, ni con cortinas ni vidrios raibanizados, a fin de que el pasajero observe lo que sucede en su interior. Sólo algunas compañías acataron esa decisión.
Asimismo, en los buses se debía instalar un velocímetro con alarma, la cual alertaría al pasajero de que el conductor sobrepasa los límites de velocidad. Así, el viajero podía hacer su reclamo al chofer y en las trancas. Esto no se cumple hasta ahora.
Por otro lado, se prohibía que los conductores estén al mando por más de cuatro horas continuas y para ello contarían con tarjetas personales de registro para presentar en cada tranca a fin de verificar que hubo relevo. En este caso, el usuario podía pedir la tarjeta en cualquier momento. No se cumple hasta hoy. En las terminales, según se comprometió el Ejecutivo, se exhibirían paneles con el ranking de la seguridad que brindan las empresas, así como videos de orientación al usuario sobre sus derechos. No hay ni uno solo. Tampoco se puso en práctica la instalación de un tacómetro (especie de caja negra) en cada bus.
Fuentes policiales informaron que en algunos buses las exigencias son cumplidas como el uso de los cinturones y relevos. Este año la Policía salió un par de veces y comprobó que los choferes beben. El ejecutivo de la Confederación de Choferes dijo que no tiene poder para sancionar a sus afiliados. ´Si lo hacemos, se pasan al transporte libre y listo´, señaló.
Piden ampliar la calzada
Mientras Tránsito ratifica que el bus que se detuvo a dejar un pasajero sobre la carretera La Paz-Oruro lo hizo en un lugar permitido, el gremio del autotransporte pidió ayer al Gobierno la pronta ampliación de la calzada de esta vía troncal.
El domingo, un microbús interprovincial y dos buses interdepartamentales colisionaron, lo que provocó la muerte de 15 personas y 51 salieron heridas.
“Según la toma fotográfica, el vehículo está en un lugar permitido porque hay una isleta”, indicó ayer el jefe de Accidentes, coronel Augusto Angulo.
El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Franklin Durán, dijo que “ni siquiera el camino a los Yungas es tan peligroso como esta carretera”.
La convocatoria para la adjudicación de la ampliación está prevista para el 13 de octubre. Se pretende tener dos carriles adicionales para evitar accidentes.
Por otro lado, Angulo sostuvo que los tres motorizados cuentan con SOAT y que, extraoficialmente, se sabe que la mayoría de los fallecidos viajaba en el microbús interprovincial que presuntamente invadió carril.
EN EL PAPEL
La Superintendencia • Una resolución señalaba que se debían colocar cinturones de seguridad en las flotas de transporte público. Una enérgica protesta de los transportistas fue suficiente para suspender este requerimiento.
El descargo • La Superintendencia asegura que un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados le dará el instrumento legal para hacer cumplir normas relacionadas con la calidad del servicio de las flotas.
El Gobierno • Un decreto que se emitió en agosto del año pasado estableció normas como la aplicación de velocímetros en los buses, para que los pasajeros tengan control y denuncien al chofer que se excedía.
Otros elementos • La norma gubernamental estipulaba también que el conductor no esté al mando de su vehículo más de cuatro horas, y para ello contarían con tarjetas de control; que en las terminales iba a habilitarse un ranking de la seguridad que ofrecen las empresas, y la colocación de tacómetros en los buses. Nada de eso se cumplió.
