El Organismo Operativo de Tránsito, entre enero y junio del presente año, sorprendió a 108 chóferes conduciendo en estado de ebriedad. Dieciséis de esos casos pasaron al Ministerio Público para su debida imputación ante un juez de medidas cautelares, informó el coronel Ángel Mantilla, director departamental de Tránsito.
Explicó que 92 de los casos son de conductores que fueron sorprendidos manejando bajo influencia alcohólica, pero que no causaron accidentes. En cuanto a los 16, son de chóferes que bajo influencia alcohólica causaron lesiones graves, atropellos e incluso la muerte de personas.
“Estamos hablando de información estadística desde enero a la fecha, tenemos 16 casos que fueron remitidos ala Fiscalíaporque provocaron consecuencias graves al manejar su vehículo en estado de ebriedad—indicó Mantilla—por otro lado están estos otros 92 conductores que sólo fueron sorprendidos manejando su vehículo, sin haber ocasionado ningún daño”.
Explicó que en ninguno de los casos, ya sea que haya producido o no accidentes, el chofer quedó sancionado con la suspensión de la licencia, debido a que deben pasar tres etapas para aquella situación.
“Según el Reglamento de Tránsito que fue explicado por el oficial, la persona que por primera vez es sorprendida manejando en estado de ebriedad, recibe una la multa de 200 bolivianos en valorados—aseguró–en caso de reincidencia en la misma conducta, se procede a la suspensión e inhabilitación temporal de tres meses. Si aún es reincidente y es sorprendido nuevamente, el permiso se suspende definitivamente”.
Añadió que para hacerle seguimiento y verificar si hay reincidencia, las identidades de cada uno de los choferes infractores es anotada y a la fecha no hubo conductores que hayan cometido la falta dos veces.
El artículo 380 del Código de Tránsito dispone que por conducir vehículos en estado de embriaguez, la primera vez se sanciona al conductor con una multa de 400 bolivianos; la segunda con la inhabilitación por un año y la tercera vez con la suspensión definitiva.
En el artículo 97 del Código de Tránsito se indica que está “terminantemente prohibido conducir vehículos bajo el efecto de drogas u otros intoxicantes, en estado de embriaguez, o cuando las condiciones de salud físico-mentales no permitan la normal y segura conducción”.
Ministerio Público sólo ve el tema penal
El fiscal Ronald Sánchez, asignado ala División Tránsitoy Aduana, explicó que como Ministerio Público, están avocados a cumplir una función de individualizar penalmente a quienes cometen accidentes graves de tránsito.
“Vemos la conducta individualizada penal, hemos conocido de bastantes casos de conducción de vehículo en estado inconveniente, donde hubo daños materiales y físicos que en algunos casos van acompañados con delitos agravantes—explicó Sánchez–hemos tenido personas en estado de ebriedad, inclusive se tuvo menores de edad conduciendo, debo decir que hay varones como también mujeres”.
Sanciones penales
Entre las sanciones penales, la norma refiere que en el caso de manejo bajo estado de ebriedad y con consecuencias fatales, la detención es de cinco a ocho años de cárcel, recordando que antes la misma era sólo de tres y cinco años.
“De todos los casos que me tocó atender, la mayoría tuvo medidas sustitutivas a la detención preventiva por conducción peligrosa—indicó—, sólo hubo un caso donde uno de sus colegas periodistas fue remitido a la cárcel por conducción en estado de ebriedad y lesiones graves, puesto que a otro de sus compañeros le provocó la pérdida de la vista en un accidente”.
Recordó que entre las personas que están involucradas en hechos de tránsito ya sean en motocicletas y vehículos, existen algunos que son adolecentes, jóvenes y mayores de ambos sexos.
EL APUNTE
Mujer ebria de 45 años provocó un accidente
En estado de ebriedad, una mujer de 45 años de edad, identificada como Rafaela López Soruco, provocó un accidente de tránsito a la altura de la calle Ballivián y Municipal, llegando a colisionar su motorizado contra un poste de luz. Esa situación provocó lesiones graves en el acompañante Juan Andia, quien fue llevado de emergencia al Hospital San Juan de Dios.
El hecho ocurrió a las 16.15, el motorizado accidentando es un vehículo de color plomo, con placa de control 2066-LBU.
El comandante dela Policía Boliviana, coronel Edmundo Rivero, informó que la mujer agredió verbalmente a los uniformados, incluyendo a su persona.
“De forma prepotente se puso a insultar y faltar el respeto—indicó—aparentemente hubo exceso de velocidad al encontrarse en estado de ebriedad”.
miércoles, 26 de junio de 2013
martes, 18 de junio de 2013
Hechos de tránsito disminuyen en 48,7% el primer semestre de 2013
ACTIVIDADES El Viceministerio de Seguridad Ciudadana elabora un Plan de Seguridad Vial.
Redacción central / Cambio
En los primeros seis meses de 2012 se registraron 230 casos de accidentes de tránsito en las carreteras del país.
Desde enero hasta lo que va del mes de junio, los hechos de tránsito suman 118.
Se implementó un sistema de monitoreo de vehículos y las tarjetas de control.
Los mecanismos de control y prevención implementados por el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Gobierno, posibilitaron la reducción del índice de accidentes de tránsito en las carreteras del país en 48,7 por ciento al primer semestre de 2013, en comparación con similar período del año 2012.
El dato fue proporcionado por el viceministro de Seguridad Ciudadana, coronel Humberto Echalar Flores, quien señaló que los planes que se vienen ejecutando están dando buenos resultados.
En una entrevista con el periódico Cambio explicó que esa reducción es gracias a la intervención de la cartera que preside, en representación del Ministerio de Gobierno, con la implementación de tecnología de punta, como el mecanismo del sistema de Posicionamiento Global Satelital (GPS), tarjetas de control y de identificación del conductor (TIC), centros de monitoreo y acciones de prevención de accidentes.
“En el primer semestre de 2012 se registraron 230 casos de accidentes de tránsito en carreteras, y en el primer semestre de este año los hechos suman 118; 48,7 por ciento menos del índice de accidentes”, detalló.
Enfatizó que para alcanzar este resultado se ejecutó una serie de acciones y operativos en coordinación con la Policía Boliviana y otras instituciones.
El Viceministro mencionó que la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana establece trabajar un Plan de Seguridad Vial, y eso conlleva la implementación del dispositivo GPS en los vehículos del transporte interdepartamental.
“En ese orden, el Ministerio de Gobierno está cumpliendo lo que establece la ley y se ha procedido a la instalación de los GPS, que son un mecanismo de control y prevención de hechos de tránsito”, agregó.
Desde la puesta en marcha del Sistema de Monitoreo Vehicular (Sismove) se han instalado 91 GPS en autobuses de las empresas del transporte interdepartamental Trans Copacabana SA, y Trans Copacabana MEM, en las rutas de La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz.
“Tenemos el compromiso de más de mil conductores de autobuses para instalar el GPS, que es totalmente gratis”.
TARJETA DE CONTROL
Desde el 15 de marzo de este año, se implementó en forma simultánea la tarjeta de control para conductores de buses del transporte interdepartamental de pasajeros en las terminales de La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Sucre y Tarija.
En la tarjeta quedan registrados los datos del conductor, su nombre, su domicilio, el número de licencia, su categoría, la hora de salida y arribo a las terminales, esta medida se ha tomado con el objetivo de controlar sus horas de descanso.
“La instalación de los gps en Autobuses de transporte de pasajeros es totalmente gratuita
Humberto Echalar Flores
Viceministro
Seguridad ciudadana es política de Estado
El gobierno del presidente Evo Morales Ayma asumió la seguridad ciudadana como una política de Estado, y, en ese contexto, se vienen ejecutando planes y programas con el objetivo de contrarrestar la ola delictiva en todo el territorio nacional. “Escuché voces en sentido de que el Gobierno no tiene políticas serias en cuanto a seguridad ciudadana. Esas voces están equivocadas. Está la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el próximo plan de seguridad vial y otros programas que venimos trabajando para su implementación. Todo eso nace de una política de Estado en materia de seguridad ciudadana”, declaró el viceministro Humberto Echalar Flores.
Agregó que esa política de Gobierno debe convertirse también en “política departamental y municipal”, con el apoyo de las gobernaciones y alcaldías del país.
Redacción central / Cambio
En los primeros seis meses de 2012 se registraron 230 casos de accidentes de tránsito en las carreteras del país.
Desde enero hasta lo que va del mes de junio, los hechos de tránsito suman 118.
Se implementó un sistema de monitoreo de vehículos y las tarjetas de control.
Los mecanismos de control y prevención implementados por el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Gobierno, posibilitaron la reducción del índice de accidentes de tránsito en las carreteras del país en 48,7 por ciento al primer semestre de 2013, en comparación con similar período del año 2012.
El dato fue proporcionado por el viceministro de Seguridad Ciudadana, coronel Humberto Echalar Flores, quien señaló que los planes que se vienen ejecutando están dando buenos resultados.
En una entrevista con el periódico Cambio explicó que esa reducción es gracias a la intervención de la cartera que preside, en representación del Ministerio de Gobierno, con la implementación de tecnología de punta, como el mecanismo del sistema de Posicionamiento Global Satelital (GPS), tarjetas de control y de identificación del conductor (TIC), centros de monitoreo y acciones de prevención de accidentes.
“En el primer semestre de 2012 se registraron 230 casos de accidentes de tránsito en carreteras, y en el primer semestre de este año los hechos suman 118; 48,7 por ciento menos del índice de accidentes”, detalló.
Enfatizó que para alcanzar este resultado se ejecutó una serie de acciones y operativos en coordinación con la Policía Boliviana y otras instituciones.
El Viceministro mencionó que la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana establece trabajar un Plan de Seguridad Vial, y eso conlleva la implementación del dispositivo GPS en los vehículos del transporte interdepartamental.
“En ese orden, el Ministerio de Gobierno está cumpliendo lo que establece la ley y se ha procedido a la instalación de los GPS, que son un mecanismo de control y prevención de hechos de tránsito”, agregó.
Desde la puesta en marcha del Sistema de Monitoreo Vehicular (Sismove) se han instalado 91 GPS en autobuses de las empresas del transporte interdepartamental Trans Copacabana SA, y Trans Copacabana MEM, en las rutas de La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz.
“Tenemos el compromiso de más de mil conductores de autobuses para instalar el GPS, que es totalmente gratis”.
TARJETA DE CONTROL
Desde el 15 de marzo de este año, se implementó en forma simultánea la tarjeta de control para conductores de buses del transporte interdepartamental de pasajeros en las terminales de La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Sucre y Tarija.
En la tarjeta quedan registrados los datos del conductor, su nombre, su domicilio, el número de licencia, su categoría, la hora de salida y arribo a las terminales, esta medida se ha tomado con el objetivo de controlar sus horas de descanso.
“La instalación de los gps en Autobuses de transporte de pasajeros es totalmente gratuita
Humberto Echalar Flores
Viceministro
Seguridad ciudadana es política de Estado
El gobierno del presidente Evo Morales Ayma asumió la seguridad ciudadana como una política de Estado, y, en ese contexto, se vienen ejecutando planes y programas con el objetivo de contrarrestar la ola delictiva en todo el territorio nacional. “Escuché voces en sentido de que el Gobierno no tiene políticas serias en cuanto a seguridad ciudadana. Esas voces están equivocadas. Está la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el próximo plan de seguridad vial y otros programas que venimos trabajando para su implementación. Todo eso nace de una política de Estado en materia de seguridad ciudadana”, declaró el viceministro Humberto Echalar Flores.
Agregó que esa política de Gobierno debe convertirse también en “política departamental y municipal”, con el apoyo de las gobernaciones y alcaldías del país.
jueves, 23 de mayo de 2013
Instalarán semáforos inteligentes con alarma sonora para ciegos
A partir de julio los invidentes que pasen por algunas esquinas de la ciudad podrán ser alertados por un mensaje auditivo cuando el semáforo esté en rojo, amarillo o verde. Esto es gracias a los nuevos aparatos inteligentes que se instalarán desde ese mes en 147 intersecciones de la ciudad.
Los semáforos inteligentes estarán en cinco zonas de La Paz y serán colocados por la empresa boliviana STS, representante de la compañía austriaca Surco, que ganó la licitación convocada por la Alcaldía paceña.
El proyecto tiene dos fases. La primera, que demandará una inversión de 16 millones de bolivianos, incluye la implementación de 147 equipos en Sopocachi, casco urbano central, zona Sur, Miraflores y la Periférica. Se requerirán unos cuatro meses para esto.
La segunda etapa del proyecto consiste en la instalación de semáforos en las laderas. El asesor técnico de la comuna, Rodrigo Lemaitre, explicó que luego se analizará si es necesario realizar una tercera fase.
Además de tener un mecanismo para los peatones invidentes, los semáforos inteligentes cuentan con otras características, como flechas direccionales que informarán a los conductores dónde girar y contadores regresivos que alertarán al peatón cuánto tiempo le queda para cruzar la calle.
Los semáforos inteligentes estarán conectados al centro de monitoreo integral a través de unas “cajas de antenas”, las que serán supervisadas por funcionarios especializados de la Alcaldía de La Paz.
Algunos semáforos tendrán cámaras que enviarán las imágenes al centro de monitoreo para que se pueda supervisar el funcionamiento del servicio.
“El 90% de las intersecciones tiene dispositivos de señalización peatonal y adicionalmente se está conformando una ruta para personas no videntes”.
En el caso de los transeúntes ciegos se coordinó con el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC) para conocer las necesidades de este sector.
El director ejecutivo del IBC, René Ugarte, resaltó que el adelanto es muy importante porque el semáforo “normal” no beneficia a las personas con problemas visuales.
miércoles, 1 de mayo de 2013
Tránsito sancionó a 202 ebrios, 46 perdieron su brevet para siempre
En el primer trimestre de 2013, 202 conductores ebrios fueron sancionados en cumplimiento de la Ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas; 46 perdieron su licencia de manera definitiva y 156 fueron suspendidos por un año.
“Estamos trabajando con esta ley y su reglamento. Ahora ya no hay multa, a los infractores directamente los suspendemos por un año o definitivamente”, indicó Adolfo Merlo, asesor jurídico de la Dirección Departamental de Tránsito de La Paz.
La puesta en vigencia de la legislación ya citada derogó el artículo 380 del Código de Tránsito, que dispone que por conducir vehículos en estado de embriaguez se sanciona al culpable con una multa de Bs 400 la primera vez.
El decreto reglamentario de ese cuerpo legal crea el Registro Nacional de Contravenciones al Consumo de Bebidas Alcohólicas y establece que la Policía debe registrar a quienes se pongan al volante habiendo bebido, sea del transporte público o privado, y establece que el grado alcohólico máximo permitido es de 0,50 grados por cada 1.000 ml de sangre.
Estadísticas. Merlo explicó que la mayoría de los infractores había participado de fiestas o eventos sociales. Con relación a los primeros tres meses de 2012, en los que hubo 53 transgresores, los datos de 2013 muestran un incremento de 149 casos.
En los controles, la Policía identificó (no se indicó la cantidad) a automovilistas que a pesar de haber sido suspendidos, continuaban manejando, por lo que fueron remitidos al Ministerio Público, acusados del delito de conducción peligrosa. “Ellos representan un peligro para la sociedad. Lamentablemente hay gente que conoce la norma, pero no la cumple”, señaló el asesor legal de la Dirección Departamental de Tránsito.
Sanciones para los culpables
Alcance
El artículo 16 del decreto reglamentario de la ley antialcohol dispone la inhabilitación temporal y suspensión definitiva de la licencia de conducir contra los conductores, públicos o privados, por conducir en estado de embriaguez. Ambas sanciones se efectivizarán mediante resolución de Tránsito. El artículo 17 fija medidas correctivas (diez horas de trabajo comunitario) y socioeducativas.
La Policía arrestó a 529 por embriagarse en vía pública
En el primer trimestre de este año, 529 personas fueron arrestadas sólo en la ciudad de La Paz por embriagarse en espacios públicos, reportó la unidad policial de Conciliación Ciudadana, situada en la avenida Pando.
El coronel Roberto Campos, comandante de esa unidad, informó que 450 eran hombres y 79, mujeres. “La Policía ha hecho operativos y los ha encontrado en vía pública, en plazas, cerca de establecimientos educativos, universidades, parques y otros”, apuntó. Debido a las peleas entre ebrios se reportaron cinco víctimas. “Por suerte no son problemas graves de acuchillamiento y otros”, explicó.
La Ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, que rige desde 2012, prohíbe, en el artículo 19, el consumo en vía pública, áreas de recreación, paseos, en eventos deportivos y espectáculos de concentración masiva y su decreto reglamentario impone multas para los infractores
Todos los transgresores permanecieron encerrados ocho horas y pagaron una multa de Bs 40. Campos recordó que el lunes 20 se arrestó a 40 jóvenes de un instituto educativo que bebían en el bosquecillo de Pura Pura. Días después se aprehendió a otros 20.
martes, 30 de abril de 2013
Aplican seis controles a choferes para evitar accidentes carreteros
Con el objetivo de disminuir, prevenir y evitar accidentes carreteros durante los siguientes tres meses se consolidarán seis controles a los conductores de vehículos que trabajan en el transporte interdepartamental.
Las decisiones que los choferes tomen sobre la velocidad o maniobras que realicen en rutas, incluso si se detienen en los caminos a recoger pasajeros estarán monitoreadas por cuatro entidades gracias al sistema de posicionamiento global por satélite (GPS) que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona o un vehículo con una precisión de centímetros.
El primero de esos monitoreos se hará en las terminales de buses de cada departamento, el segundo estará a cargo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, el tercer seguimiento lo hará el Ministerio de Gobierno y el cuarto será competencia del Centro Nacional de Monitoreo (Cenacom).
Pero además agentes encubiertos abordarán los vehículos para investigar y reportar en caso de hallar irregularidades, finalmente en los puestos de control policial se instalarán cámaras de vigilancia.
Durante las últimas gestiones el promedio anual de fallecidos en accidentes carreteros es de 400 y de heridos supera las ocho mil personas. El año 2012 hubo 92 accidentes y en el primer cuatrimestre del 2013 ya ocurrieron 52, explicó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Esa autoridad y el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, firmaron ayer la resolución biministerial que pone en vigencia el reglamento al Decreto Supremo 1366, con el que se norma el uso del GPS para el control del sistema de transporte.
El máximo dirigente de los choferes de Bolivia Franklin Durán entregó ayer a esos ministros toda la información referida a 773 operadores de transporte y a 1191 buses que trabajan en gran parte del territorio nacional.
Con la entrega de esas referencias de sus vehículos sus dueños se adhieren a este proceso que busca establecer controles y con ello reducir los accidentes en carreteras. “Los conductores tienen la obligatoriedad de instalar los GPS en sus buses” dijo Romero al precisar que tienen 90 días de plazo para cumplir ese trámite mientras tanto el sistema se considerará “piloto” (a prueba) hasta que los 1191 vehículos queden registrados. La instalación y el precio de los GPS no tendrán ningún costo para los conductores porque la Empresa de Nacional de Telecomunicaciones (Entel) donó dos mil GPS.
Mientras tanto, si hubiera faltas de los choferes, en especial el exceso de velocidad, no se les multará o aplicará sanciones hasta que todos los vehículos sean registrados en el nuevo sistema. Pero una vez se cumpla el plazo la sanción será de 24 horas de prohibición para que el vehículo trabaje, en caso de reincidencia será de siete días.
Las decisiones que los choferes tomen sobre la velocidad o maniobras que realicen en rutas, incluso si se detienen en los caminos a recoger pasajeros estarán monitoreadas por cuatro entidades gracias al sistema de posicionamiento global por satélite (GPS) que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona o un vehículo con una precisión de centímetros.
El primero de esos monitoreos se hará en las terminales de buses de cada departamento, el segundo estará a cargo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, el tercer seguimiento lo hará el Ministerio de Gobierno y el cuarto será competencia del Centro Nacional de Monitoreo (Cenacom).
Pero además agentes encubiertos abordarán los vehículos para investigar y reportar en caso de hallar irregularidades, finalmente en los puestos de control policial se instalarán cámaras de vigilancia.
Durante las últimas gestiones el promedio anual de fallecidos en accidentes carreteros es de 400 y de heridos supera las ocho mil personas. El año 2012 hubo 92 accidentes y en el primer cuatrimestre del 2013 ya ocurrieron 52, explicó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Esa autoridad y el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, firmaron ayer la resolución biministerial que pone en vigencia el reglamento al Decreto Supremo 1366, con el que se norma el uso del GPS para el control del sistema de transporte.
El máximo dirigente de los choferes de Bolivia Franklin Durán entregó ayer a esos ministros toda la información referida a 773 operadores de transporte y a 1191 buses que trabajan en gran parte del territorio nacional.
Con la entrega de esas referencias de sus vehículos sus dueños se adhieren a este proceso que busca establecer controles y con ello reducir los accidentes en carreteras. “Los conductores tienen la obligatoriedad de instalar los GPS en sus buses” dijo Romero al precisar que tienen 90 días de plazo para cumplir ese trámite mientras tanto el sistema se considerará “piloto” (a prueba) hasta que los 1191 vehículos queden registrados. La instalación y el precio de los GPS no tendrán ningún costo para los conductores porque la Empresa de Nacional de Telecomunicaciones (Entel) donó dos mil GPS.
Mientras tanto, si hubiera faltas de los choferes, en especial el exceso de velocidad, no se les multará o aplicará sanciones hasta que todos los vehículos sean registrados en el nuevo sistema. Pero una vez se cumpla el plazo la sanción será de 24 horas de prohibición para que el vehículo trabaje, en caso de reincidencia será de siete días.
lunes, 1 de abril de 2013
Funeraria tiene monopolio sobre los muertos en accidentes viales
La Funeraria Monte Sacro tiene la exclusividad del traslado de cadáveres, servicios funerarios y el trámite de la indemnización del Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT) por un acuerdo con la Federación de Transporte Interprovincial de La Paz.
El convenio —revalidado el 20 de marzo de 2013— indica que Monte Sacro debe hacerse “cargo de la atención de los servicios funerarios por muerte en accidentes de tránsito y otros, del trámite para el traslado de cadáveres de los lugares del accidente a la morgue (judicial), la entrega (de los cuerpos) a los familiares y realizar cuanto trámite sea necesario, inclusive el del SOAT”.
Según Crispín Aruquipa, ejecutivo máximo de la Federación —que tiene cerca de 3.000 socios, divididos en 70 sindicatos—, el convenio con Monte Sacro garantiza la atención no sólo a los propietarios de vehículos, choferes y ayudantes, además de sus familiares, sino se extiende a los pasajeros que transportan, en camiones, buses (36 pasajeros), minibuses (14 pasajeros), vagonetas, etc.
¿No habría un monopolio? preguntó La Razón, a lo que el dirigente respondió: “Sí habría, pero en algunas funerarias no hay confianza y tenemos que trabajar con las conocidas”.
La razón por la que se firmó este tipo de acuerdo, explicó Aruquipa, es porque otras funerarias realizan cobros excesivos por los servicios fúnebres y porque los familiares desconocen a menudo cuáles son los trámites que se deben efectuar para acceder a la indemnización ofrecida por el SOAT y para realizar el entierro.
“Monte Sacro —sostuvo— trabajaba siempre con nosotros, a una llamada se moviliza, hace creo autopsia de ley (sic.) y llevan los muertos hasta las localidades, se encargan de recoger, de llevar a la morgue, porque uno que no conoce, no sabe”.
Circuito. Verónica Quispe, administradora de la funeraria, indicó que este convenio lo renuevan cada año.
“El convenio con la Federación debe ser cinco años, y tres años que yo trabajo legalmente con ellos, cada año lo renovamos y justo ayer (20 de marzo) lo hicimos. Cuando pasa un accidente, el chofer se contacta con la Federación y ellos conmigo, y recién vamos”, explicó.
Cuando comenzó la indagación de este convenio, la periodista de La Razón fue advertida a través de un tercero de no seguir investigando ni publicar sobre el tema porque podía “tener problemas”.
Pese a la data del acuerdo señalado por Quispe, Mario Mamani, predecesor de Aruquipa como ejecutivo de la Federación de Transporte Interprovincial negó que en su gestión se haya pactado algún acuerdo con Monte Sacro ni “con ninguna funeraria. Yo estuve de 2011 a 2012, cada dos años cambiamos la directiva”.
Una fuente vinculada a este sector advirtió de que existen convenios de este tipo y que no están prohibidos. “Lo complicado”, precisó, se da cuando las funerarias ejercen funciones de las autoridades judiciales.
El jefe de la División Accidentes del Comando Departamental de Tránsito, coronel José Luis Cuevas, dijo que una funeraria no puede trasladar un cadáver del lugar del accidente ya que esa tarea es de la Policía, tal como indica el Reglamento del Código de Tránsito y el Código de Procedimiento Penal.
“Nosotros vamos al lugar del hecho, subimos el cadáver en la camioneta y hacemos la acción directa, y se lo deja en la morgue. No está permitido que otras personas recojan los cuerpos”, recalcó.
Sin embargo, Tránsito no realiza el levantamiento legal del cadáver cuando los parientes se oponen y firman un acta de oposición.
“Las normas de Tránsito se respetan, una funeraria no puede levantar, siempre es con el informe de Tránsito”, precisó el dirigente.El coronel Cuevas informó también que el lunes 25 algunas funerarias solicitaron hacer convenios con la unidad policial, algo que fue rechazado por ilegal por la autoridad.
“El servicio que ofrecemos es desde el cajón —cuyos precios oscilan entre Bs 800 a Bs 3.000— carroza, catafalco, trámites, Registro Civil, velas, el nicho, y la misa en el Cementerio General”, dijo Quispe.
Pero, ¿qué pasa si una familia desea contratar otros servicios? “Puede elegir, pero no hay confianza”, respondió Aruquipa.El esposo de Cinthia (nombre ficticio) murió el 21 de diciembre de 2012 en un hecho de tránsito a pocos metros de llegar a La Paz, el cuerpo fue trasladado a un hospital de El Alto, de donde personal de Monte Sacro lo recogió.
“No sé cuánto nos va a cobrar, tampoco me han pagado la indemnización, pero por el ataúd fue Bs 5.000, yo lo elegí”, indicó.
Para la abogada penalista Teresa Montaño, el monopolio está prohibido, ya que los familiares no están obligados a tomar los servicios de una sola funeraria.
Quispe también dijo que tiene un acuerdo con una aseguradora. “La idea de Seguros Illimani es que la familia debe recuperar más dinero (del SOAT) y la funeraria no debe aprovecharse. Les hemos hecho la propuesta y nos aceptaron”, apuntó.
La indemnización del SOAT en caso de muerte asciende a 2.300 DEG (Derechos Especiales de Giro), que serían entre $us 3.400 a $us 3.600. En caso de que los servicios funerarios cuesten Bs 2.500, la aseguradora cancela la indemnización descontando esa cantidad. La Razón buscó en su despacho al presidente de la aseguradora y planteó el requerimiento, pero su secretaria indicó que llamaría después para dar su versión, mas no lo hizo.
Lo que indica el código de tránsito
El artículo 349 del reglamento del Código de Tránsito dice, “conforme al artículo 117 (es el 177) del Código de Procedimiento Penal (CCP), el Servicio Nacional del Tránsito ejercerá funciones de Policía Judicial en los accidentes ocurridos dentro de las actividades reguladas en este ramo”. En el CPP se señala que la Policía “procederá a levantar el cadáver, disponiendo su traslado a los gabinetes médicos forenses o al lugar en el que se practicará la autopsia, a su identificación final y a la entrega a sus familiares”.
Gobierno investigará el acuerdo firmado; surgen otras denuncias
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que se investigará el convenio firmado entre la funeraria Monte Sacro y la Federación de Transporte Interdepartamental de La Paz por el que, cuando sucede un accidente en las carreteras provinciales del departamento, la empresa traslada los cadáveres a la morgue judicial.
“Me sorprende, es una tarea de la Policía recoger los cuerpos de la gente que perdió la vida y trasladarlos a la morgue. Este circuito no es muy transparente”, dijo Romero, quien precisó que “ésta es una opinión preliminar”.
En el Código de Tránsito y en el Código de Procedimiento Penal se señala que en caso de accidentes, Tránsito actúa como Policía Judicial, es decir está facultado para hacer el levantamiento legal de los cuerpos, trasladarlos para su autopsia a la morgue y hacer la entrega a los familiares.
El ministro mostró su extrañeza sobre el convenio entre ambas partes e indicó que no pueden atribuirse competencias que no son legales.
“Vamos a investigar y tomaremos las medidas que sean correspondientes. Se puede firmar convenios para la prestación de un servicio, pero no para cumplir una función pública, que corresponde al Estado. Eso de recoger cadáveres no corresponde a una entidad privada, en este caso a una funeraria, vamos a pedir un informe a Tránsito”, sostuvo.
Denuncias. Dos fuentes que pidieron no ser identificadas denunciaron a este medio que la administradora de Monte Sacro, Verónica Quispe, recoge los cuerpos y los lleva directamente a su funeraria, luego se comunican con los parientes y les informan del costo del servicio.
“Sus hermanos trasladan, luego a los familiares les obligan a tomar el servicio y les dice que tienen que aumentar por el cajón otra suma (aparte de Bs 2.500 por el servicio)”, dijo uno de ellos.
Otra fuente denunció que la empresa de pompas fúnebres tiene convenios con dos forenses, que facilitan la expedición del certificado, por lo que cobran Bs 300 y Bs 400 adicionales.
“Sólo si son no identificados los llevan a la morgue”, sostuvo la fuente consultada.
Quispe negó estas denuncias y manifestó que sólo cobra Bs 2.500 por sus servicios. “No es verdad (que lleve los cadáveres a su funeraria), si hago algo malo que me saquen al aire, voy a corroborar con documentos, pero que no me hagan daño, estoy haciendo obra social, nunca nos hemos aprovechado”, apuntó.
El convenio —revalidado el 20 de marzo de 2013— indica que Monte Sacro debe hacerse “cargo de la atención de los servicios funerarios por muerte en accidentes de tránsito y otros, del trámite para el traslado de cadáveres de los lugares del accidente a la morgue (judicial), la entrega (de los cuerpos) a los familiares y realizar cuanto trámite sea necesario, inclusive el del SOAT”.
Según Crispín Aruquipa, ejecutivo máximo de la Federación —que tiene cerca de 3.000 socios, divididos en 70 sindicatos—, el convenio con Monte Sacro garantiza la atención no sólo a los propietarios de vehículos, choferes y ayudantes, además de sus familiares, sino se extiende a los pasajeros que transportan, en camiones, buses (36 pasajeros), minibuses (14 pasajeros), vagonetas, etc.
¿No habría un monopolio? preguntó La Razón, a lo que el dirigente respondió: “Sí habría, pero en algunas funerarias no hay confianza y tenemos que trabajar con las conocidas”.
La razón por la que se firmó este tipo de acuerdo, explicó Aruquipa, es porque otras funerarias realizan cobros excesivos por los servicios fúnebres y porque los familiares desconocen a menudo cuáles son los trámites que se deben efectuar para acceder a la indemnización ofrecida por el SOAT y para realizar el entierro.
“Monte Sacro —sostuvo— trabajaba siempre con nosotros, a una llamada se moviliza, hace creo autopsia de ley (sic.) y llevan los muertos hasta las localidades, se encargan de recoger, de llevar a la morgue, porque uno que no conoce, no sabe”.
Circuito. Verónica Quispe, administradora de la funeraria, indicó que este convenio lo renuevan cada año.
“El convenio con la Federación debe ser cinco años, y tres años que yo trabajo legalmente con ellos, cada año lo renovamos y justo ayer (20 de marzo) lo hicimos. Cuando pasa un accidente, el chofer se contacta con la Federación y ellos conmigo, y recién vamos”, explicó.
Cuando comenzó la indagación de este convenio, la periodista de La Razón fue advertida a través de un tercero de no seguir investigando ni publicar sobre el tema porque podía “tener problemas”.
Pese a la data del acuerdo señalado por Quispe, Mario Mamani, predecesor de Aruquipa como ejecutivo de la Federación de Transporte Interprovincial negó que en su gestión se haya pactado algún acuerdo con Monte Sacro ni “con ninguna funeraria. Yo estuve de 2011 a 2012, cada dos años cambiamos la directiva”.
Una fuente vinculada a este sector advirtió de que existen convenios de este tipo y que no están prohibidos. “Lo complicado”, precisó, se da cuando las funerarias ejercen funciones de las autoridades judiciales.
El jefe de la División Accidentes del Comando Departamental de Tránsito, coronel José Luis Cuevas, dijo que una funeraria no puede trasladar un cadáver del lugar del accidente ya que esa tarea es de la Policía, tal como indica el Reglamento del Código de Tránsito y el Código de Procedimiento Penal.
“Nosotros vamos al lugar del hecho, subimos el cadáver en la camioneta y hacemos la acción directa, y se lo deja en la morgue. No está permitido que otras personas recojan los cuerpos”, recalcó.
Sin embargo, Tránsito no realiza el levantamiento legal del cadáver cuando los parientes se oponen y firman un acta de oposición.
“Las normas de Tránsito se respetan, una funeraria no puede levantar, siempre es con el informe de Tránsito”, precisó el dirigente.El coronel Cuevas informó también que el lunes 25 algunas funerarias solicitaron hacer convenios con la unidad policial, algo que fue rechazado por ilegal por la autoridad.
“El servicio que ofrecemos es desde el cajón —cuyos precios oscilan entre Bs 800 a Bs 3.000— carroza, catafalco, trámites, Registro Civil, velas, el nicho, y la misa en el Cementerio General”, dijo Quispe.
Pero, ¿qué pasa si una familia desea contratar otros servicios? “Puede elegir, pero no hay confianza”, respondió Aruquipa.El esposo de Cinthia (nombre ficticio) murió el 21 de diciembre de 2012 en un hecho de tránsito a pocos metros de llegar a La Paz, el cuerpo fue trasladado a un hospital de El Alto, de donde personal de Monte Sacro lo recogió.
“No sé cuánto nos va a cobrar, tampoco me han pagado la indemnización, pero por el ataúd fue Bs 5.000, yo lo elegí”, indicó.
Para la abogada penalista Teresa Montaño, el monopolio está prohibido, ya que los familiares no están obligados a tomar los servicios de una sola funeraria.
Quispe también dijo que tiene un acuerdo con una aseguradora. “La idea de Seguros Illimani es que la familia debe recuperar más dinero (del SOAT) y la funeraria no debe aprovecharse. Les hemos hecho la propuesta y nos aceptaron”, apuntó.
La indemnización del SOAT en caso de muerte asciende a 2.300 DEG (Derechos Especiales de Giro), que serían entre $us 3.400 a $us 3.600. En caso de que los servicios funerarios cuesten Bs 2.500, la aseguradora cancela la indemnización descontando esa cantidad. La Razón buscó en su despacho al presidente de la aseguradora y planteó el requerimiento, pero su secretaria indicó que llamaría después para dar su versión, mas no lo hizo.
Lo que indica el código de tránsito
El artículo 349 del reglamento del Código de Tránsito dice, “conforme al artículo 117 (es el 177) del Código de Procedimiento Penal (CCP), el Servicio Nacional del Tránsito ejercerá funciones de Policía Judicial en los accidentes ocurridos dentro de las actividades reguladas en este ramo”. En el CPP se señala que la Policía “procederá a levantar el cadáver, disponiendo su traslado a los gabinetes médicos forenses o al lugar en el que se practicará la autopsia, a su identificación final y a la entrega a sus familiares”.
Gobierno investigará el acuerdo firmado; surgen otras denuncias
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que se investigará el convenio firmado entre la funeraria Monte Sacro y la Federación de Transporte Interdepartamental de La Paz por el que, cuando sucede un accidente en las carreteras provinciales del departamento, la empresa traslada los cadáveres a la morgue judicial.
“Me sorprende, es una tarea de la Policía recoger los cuerpos de la gente que perdió la vida y trasladarlos a la morgue. Este circuito no es muy transparente”, dijo Romero, quien precisó que “ésta es una opinión preliminar”.
En el Código de Tránsito y en el Código de Procedimiento Penal se señala que en caso de accidentes, Tránsito actúa como Policía Judicial, es decir está facultado para hacer el levantamiento legal de los cuerpos, trasladarlos para su autopsia a la morgue y hacer la entrega a los familiares.
El ministro mostró su extrañeza sobre el convenio entre ambas partes e indicó que no pueden atribuirse competencias que no son legales.
“Vamos a investigar y tomaremos las medidas que sean correspondientes. Se puede firmar convenios para la prestación de un servicio, pero no para cumplir una función pública, que corresponde al Estado. Eso de recoger cadáveres no corresponde a una entidad privada, en este caso a una funeraria, vamos a pedir un informe a Tránsito”, sostuvo.
Denuncias. Dos fuentes que pidieron no ser identificadas denunciaron a este medio que la administradora de Monte Sacro, Verónica Quispe, recoge los cuerpos y los lleva directamente a su funeraria, luego se comunican con los parientes y les informan del costo del servicio.
“Sus hermanos trasladan, luego a los familiares les obligan a tomar el servicio y les dice que tienen que aumentar por el cajón otra suma (aparte de Bs 2.500 por el servicio)”, dijo uno de ellos.
Otra fuente denunció que la empresa de pompas fúnebres tiene convenios con dos forenses, que facilitan la expedición del certificado, por lo que cobran Bs 300 y Bs 400 adicionales.
“Sólo si son no identificados los llevan a la morgue”, sostuvo la fuente consultada.
Quispe negó estas denuncias y manifestó que sólo cobra Bs 2.500 por sus servicios. “No es verdad (que lleve los cadáveres a su funeraria), si hago algo malo que me saquen al aire, voy a corroborar con documentos, pero que no me hagan daño, estoy haciendo obra social, nunca nos hemos aprovechado”, apuntó.
Tránsito activará su base de datos para información sobre accidentes
El Organismo Operativo de Tránsito de la ciudad de La Paz activará a partir del próximo mes de mayo su base de datos a través de un software que le permitirá sistematizar la información sobre accidentes de tránsito, que en la actualidad se ha convertido en un problema de salud pública.
La base de datos, que en su etapa inicial fue presentado en la gestión 2007, tendrá importantes características y la principal será la comunicación con el Comando General y Departamental, para informar sobre los accidentes de tránsito y luego se efectúe un análisis y elaborar de manera inmediata, las estrategias de prevención.
“Los accidentes de tránsito en la actualidad son un problema de salud pública, con consecuencias similares a las enfermedades como el cáncer o las cardiovasculares”, puntualizó el coronel Juan Gustavo Baldiviezo, actual director del Organismo Operativo de Tránsito.
Cerca de 1.2 millones de muertes y 50 millones de lesionados se producen en las carreteras de todo el mundo cada año, incluido nuestro país, Bolivia. Con la sistematización, se podrá tener acceso a los antecedentes por el número de caso, la licencia del infractor, el lugar exacto del accidente y todo tipo de información sobre el vehículo y el conductor.
“Al activar nuevamente este sistema, el objetivo es contar con la información de la ocurrencia de la violencia intencional y no intencional de los accidentes de tránsito, que recoja la información de manera sistemática, rutinaria y registre sus manifestaciones y tendencias cada vez que una victima tome contacto con el sistema policial”, afirmó la autoridad.
Para este objetivo, se volverá a implementar el formulario de los accidentes para que estén registrados todos los pormenores, como la zona, el vehículo, tipo de accidente, datos del conductor, condiciones climáticas y otros. En la primera fase, se contempla la consolidación del sistema informático para la captación, sistematización, consolidación, análisis, difusión, monitoreo y evaluación de la información de los accidentes de tránsito.
Se conformara, asimismo, un equipo humano capacitado, tanto en el manejo y mantenimiento del sistema e interpretación de resultados. Finalmente se integrará a las instituciones en la vigilancia y prevención de accidentes de tránsito.
Los primeros reportes dan cuenta que los accidentes más frecuentes en el área urbana de la ciudad de La Paz son la colisión, choque a objeto fijo y atropello a peatón. En la actualidad, la zona de Miraflores y el eje central son las que tienen mayor índice de accidentes, para lo cual, se ha propuesto un mayor control.
Los días viernes, sábado y domingo son los de mayor recurrencia en accidentes de tránsito, por el consumo de bebidas alcohólicas e imprudencia, con un promedio de edades entre los 21 a 34 años. Con una incidencia del 60 por ciento protagonizado por conductores del servicio público y el restante por particulares.
La base de datos, que en su etapa inicial fue presentado en la gestión 2007, tendrá importantes características y la principal será la comunicación con el Comando General y Departamental, para informar sobre los accidentes de tránsito y luego se efectúe un análisis y elaborar de manera inmediata, las estrategias de prevención.
“Los accidentes de tránsito en la actualidad son un problema de salud pública, con consecuencias similares a las enfermedades como el cáncer o las cardiovasculares”, puntualizó el coronel Juan Gustavo Baldiviezo, actual director del Organismo Operativo de Tránsito.
Cerca de 1.2 millones de muertes y 50 millones de lesionados se producen en las carreteras de todo el mundo cada año, incluido nuestro país, Bolivia. Con la sistematización, se podrá tener acceso a los antecedentes por el número de caso, la licencia del infractor, el lugar exacto del accidente y todo tipo de información sobre el vehículo y el conductor.
“Al activar nuevamente este sistema, el objetivo es contar con la información de la ocurrencia de la violencia intencional y no intencional de los accidentes de tránsito, que recoja la información de manera sistemática, rutinaria y registre sus manifestaciones y tendencias cada vez que una victima tome contacto con el sistema policial”, afirmó la autoridad.
Para este objetivo, se volverá a implementar el formulario de los accidentes para que estén registrados todos los pormenores, como la zona, el vehículo, tipo de accidente, datos del conductor, condiciones climáticas y otros. En la primera fase, se contempla la consolidación del sistema informático para la captación, sistematización, consolidación, análisis, difusión, monitoreo y evaluación de la información de los accidentes de tránsito.
Se conformara, asimismo, un equipo humano capacitado, tanto en el manejo y mantenimiento del sistema e interpretación de resultados. Finalmente se integrará a las instituciones en la vigilancia y prevención de accidentes de tránsito.
Los primeros reportes dan cuenta que los accidentes más frecuentes en el área urbana de la ciudad de La Paz son la colisión, choque a objeto fijo y atropello a peatón. En la actualidad, la zona de Miraflores y el eje central son las que tienen mayor índice de accidentes, para lo cual, se ha propuesto un mayor control.
Los días viernes, sábado y domingo son los de mayor recurrencia en accidentes de tránsito, por el consumo de bebidas alcohólicas e imprudencia, con un promedio de edades entre los 21 a 34 años. Con una incidencia del 60 por ciento protagonizado por conductores del servicio público y el restante por particulares.
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