Un bus a GLP arde y hiere a 4 pasajeros

Cuando el humo invadió el micro de la Línea 15, los pasajeros entraron en pánico y se desesperaron por salir. Una detonación producida por tres garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) causó el incendio del bus y cuatro personas, entre ellos el chofer, resultaron heridas.

El bus con placa de control 223-FSU, perteneciente al sindicato Eduardo Abaroa, subía la avenida Saavedra, en la zona de Miraflores, cuando los pasajeros sintieron que el gas salía y se desesperaron por salir del vehículo.

El motorizado se detuvo, el humo invadió el lugar y luego de pocos segundos el fuego salió de la parte trasera. Tres garrafas de GLP estaban en el interior.

El comandante de la Unidad de Bomberos, coronel Gustavo Daza, informó que el fuego fue provocado por un corto circuito. “El sistema de GLP no está permitido, esto es un peligro, una bomba de tiempo y esto debería tener una sanción”, señaló.

Como este micro de servicio público, en La Paz circulan más de 2.520 motorizados que funcionan con GLP como combustible y sin ningún tipo de sanción, según fuentes policiales. El Decreto Supremo 29158 establece la prohibición de talleres de conversión a GLP y la encargada del control es la Policía Nacional.

Luego de que Bomberos tomó el control del incendio, cuatro heridos fueron trasladados a diferentes nosocomios. El conductor fue a un centro de salud que pertenece a su seguro médico.

Entretanto, Macario Gutiérrez (82), Tomás Lucero (64) y Luis Marcel fueron trasladados al Hospital de Clínicas de La Paz. El primero presenta quemaduras de consideración en las manos y en el rostro, mientras que los otros tienen quemaduras en la espalda y en la cabeza, según el primer informe médico.

El encargado de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Superintendencia de Hidrocarburos, Waldir Aguilar, aseveró que Tránsito debe hacer el control en las inspecciones técnicas.

Asimismo, dijo que el Decreto 29158 manifiesta que está prohibida la existencia de talleres de reconversión a GLP. “Son talleres que no están autorizados (...) Nosotros garantizamos el abastecimiento del autotransporte de gas natural, diesel y gasolina”, explicó Aguilar.

Por su parte, el superintendente de Transportes, Wilson Villarroel, aseguró que exigirá a Tránsito redoblar los esfuerzos para que haya un mayor control. Sin embargo, dijo que esa instancia no es responsable de realizar fiscalizaciones en ese sentido.

El bus quedó completamente calcinado. De los asientos quedaron sólo fierros, los vidrios rotos y la mayor parte de su estructura con daños considerables.

Según el sindicato de Transporte Radiourbano de Cochabamba, hay 8.000 vehículos de servicio público. Del total, el 60% utiliza gas natural y el 40% diesel. En Santa Cruz existían entre 3.000 y 4.000 motorizados con GLP hasta el 2008, según Carlos Chalú, gerente de la feria del gas.

Dos Súper apuntan a Tránsito

Tanto la Superintendencia de Transportes como la de Hidrocarburos apuntaron ayer al Organismo Operativo de Tránsito como el responsable del control de los vehículos de servicio público que circulan con GLP.

El superintendente de Transportes, Wilson Villarroel, afirmó que esa entidad reguladora no es competente para fiscalizar si los motorizados de servicio público transitan con el combustible indicado; sin embargo, dijo que desde su despacho se advirtió al respecto.

“Esa era una tarea de la Policía Nacional”, aseguró Villarroel.

Asimismo, Waldir Aguilar, encargado de Odeco de la Superintendencia de Hidrocarburos, afirmó que la entidad que dirige no regula ese tipo de asuntos. “Para eso hay Superintendencia de Transportes y la Policía”, dijo.

Aseveró que la Policía, a través de las inspecciones técnicas, debe verificar si un vehículo circula con GLP como combustible o no. Mientras que Villarroel aseguró que exigirá a Tránsito que redoble los esfuerzos de control.

Encargan a consultora estudio para fijar costos de transporte

La Superintendencia de Transportes anunció que en los próximos días contratará los servicios de una consultora para realizar un estudio minucioso de la estructura de costos en el transporte automotor público y elaborar, dentro de tres meses, una propuesta de estructura tarifaria a nivel nacional.

El estudio de consultoría permitirá a la reguladora contar con un detallado estudio de costos del sector del transporte automotor urbano a nivel de cada capital de departamento y la ciudad de El Alto; establecerá una propuesta de estructura tarifaria por modalidad (taxi, trufi, minibús, microbús); y adicionalmente recomendará un mecanismo de regulación para el sector.

"Entretanto no puede haber una elevación unilateral de las tarifas. Cualquier elevación tendría un impacto directo sobre la canasta de precios y la economía del país. Los usuarios no deben dejarse sorprender", dijo el superintendente de Transportes, Wilson Villarroel.

La Súper de Transportes quiere un observatorio de accidentes

La Superintendencia de Transportes propuso la creación de un Observatorio de Seguridad Vial para monitorear y controlar los accidentes que diariamente se registran en las carreteras del país.

Sin embargo, aún no existen recursos para el proyecto y para conseguirlos la iniciativa será expuesta a organismos que puedan ser posibles financiadores.

El proyecto pretende llenar un vacío informativo, ya que Bolivia no cuenta con datos organizados sobre esos hechos. Además, acceder a los datos oficiales que maneja la Policía es un proceso lento.

También impulsará campañas de sensibilización.

La Dirección de Relaciones Públicas de la entidad explicó que esta propuesta cuenta con el aval del Consejo Nacional de Seguridad Vial, integrado por los ministerios de Gobierno y de Salud, la Policía, la Administradora Boliviana de Carreteras y la Superintendencia de Transportes.

El observatorio creará una base de datos de los vehículos, tomando en cuenta sus modelos, marcas, conversiones, tipo de servicio que brindan y emanaciones de gases tóxicos.

Además registrará la información de los accidentes, clasificándolos por las personas involucradas (sexo y edad), y tomando en cuenta la ubicación del hecho, el estado de la vía, los aspectos climáticos, la iluminación, la señalización y los impactos económico, en salud y psicológico. También se establecerá el número de muertos y heridos.

Otra función será la difusión gratuita de información de los hechos de tránsito y la coordinación de campañas de educación vial.

Según la Superintendencia, es necesario que el observatorio cuente con un equipo multidisciplinario de profesionales.

La reguladora también destaca la necesidad de que el organismo esté avalado por un decreto o ley que además establezca que su personal accederá sin problema alguno a la información que maneje Tránsito o el Poder Judicial y otras instancias relacionadas.

También se baraja la posibilidad de que el observatorio cuente con el respaldo del proyecto de Ley de Tránsito y Seguridad Vial que se analiza en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja.

La Superintendencia considera que la Organización Panamericana de Salud (OPS) puede apoyar la iniciativa ya que se ha mostrado interesada en el asunto.

Según el representante de la OPS en Bolivia, Cristian Darras, “cada año los accidentes de tránsito aumentan en Bolivia como epidemias endémicas, pero no tienen vacuna para detener el mal”.

Esta entidad sostiene que los hechos de tránsito son la novena causa de muerte en todo el mundo y que para 2020 los decesos se incrementarán considerablemente en los países de ingresos bajos y disminuirán en los desarrollados.

De enero a octubre de 2006, las reparticiones de Tránsito del país atendieron 4.444 accidentes en todo el territorio nacional, de los cuales 742 se produjeron por efectos del alcohol.

Con la entidad se pretende llenar un vacío informativo sobre los hechos de tránsito.

La propuesta cuenta con el aval del Consejo Nacional de Seguridad Vial.

Aún no cuenta con el respaldo jurídico y los recursos económicos.

400 choferes al mes exceden la velocidad en la autopista

El Organismo Operativo de Tránsito sanciona cada mes a 400 choferes por conducir vehículos con exceso de velocidad en la Autopista La Paz-El Alto.

A las 07.00 de ayer, una furgoneta de la empresa de leche Pil se volcó de costado derecho en el carril de bajada de la autopista, a la altura de la pasarela de Achachicala. Según el reporte de la División de Accidentes, se presume que la causa del hecho fue el exceso de velocidad.

Juan Ángel Gutiérrez Carvajal (27), conductor del vehículo con placa 1855-NRD, resultó con lesiones en la columna. Él está internado en la Clínica 6 de Agosto.

Durante los dos primeros meses de este año, 35 accidentes de tránsito se registraron en la autopista por diversas causas (exceso de velocidad, inclemencias del tiempo y otros).

El director del Organismo Operativo de Tránsito de La Paz, coronel Edmundo Nogales, señaló que para evitar los accidentes de motorizados a causa de altas velocidades en la principal vía a El Alto, todos los días se hacen entre dos y tres controles (mañana, tarde y noche, en horas de mayor afluencia vehicular) en varios puntos de esta ruta con radares medidores de velocidad.

El comandante del Batallón de Tránsito, coronel Édgar López, explicó que la máxima velocidad permitida en la autopista es de 80 kilómetros por hora, pero son tolerantes hasta los 85. Sin embargo, hay conductores que sobrepasan los 100, incluso manejan a 120 kilómetros por hora.

“Por ejemplo, hoy (ayer por la mañana) —dijo López— se emitieron 14 boletas por exceso de velocidad, por semana calculo un promedio de 100, y al mes son unas 400 boletas”.

La multa por esta falta es de 50 bolivianos que deben ser cancelados en bancos autorizados. Según el cálculo de este medio, con base en cifras oficiales, la recaudación mensual por esta falta llega a 20 mil bolivianos.

El coronel Nogales, por su lado, informó que en lo que va de este año se sancionó a 982 choferes por conducir vehículos con exceso de velocidad en la autopista La Paz-El Alto.

El Comandante del Batallón de Tránsito indicó que el control de velocidad en la autopista se efectúa con prioridad en el carril de bajada y entre las 06.30 y 09.30. Se destina un patrullero en moto y un efectivo. Uno de ellos apunta el radar (que tiene forma de pistola) hacia los vehículos y el otro toma nota de la matrícula de los infractores, y mediante el handy (radio) se comunican con otros agentes de tránsito que esperan más abajo, en el sector del “trébol” (cerca de la Cervecería), para extender las boletas de multa.

En el carril de subida son menos los infractores; los vehículos son seguidos por patrulleros.

Esta inspección también se realiza en las rutas a Yungas, Desaguadero, Copacabana y Oruro. El comandante de la Patrulla Caminera, coronel Ramón Sepúlveda, mencionó que en la carretera a Oruro también se incurre en exceso de velocidad.

La Súper suspende viajes de la flota El Dorado por 30 días

La Superintendencia de Transportes sancionó ayer a la empresa El Dorado con la suspensión de sus servicios durante 30 días por el accidente del 19 de abril, en la carretera Santa Cruz-Cochabamba, donde 35 personas murieron y otras 25 fueron heridas. La investigación detectó que después del siniestro, en mayo, hubo todavía dos casos más de choferes ebrios de esa línea en Cochabamba y Potosí.

El administrador de la flota en La Paz, Isaac Núñez, explicó que desconoce la sanción y no quiso referirse a ella. Sin embargo, se quejó porque con la suspensión se deja a 80 empleados administrativos y 160 conductores, en todo el país, sin fuente de empleo por ese lapso.

“La Superintendencia y el Gobierno —dijo— deberían tener en cuenta que somos varios trabajadores, no vamos a poder pagarles si no trabajan, ¿de qué les vamos a pagar?”

Se trata de la primera sanción a una empresa de transporte terrestre de pasajeros, después de una seguidilla de accidentes con consecuencias fatales. El ente regulador también anunció procesos para la línea Bolívar y Bustillos.

Único caso

El superintendente Wilson Villarroel dijo que se trata de una “sanción sin precedentes”. La investigación detectó que ninguno de los dos choferes (el titular y el de relevo) debió haber manejado el vehículo ese 19 de abril.

Y es que el conductor de 28 años Marcelo Tarifa, muerto en el siniestro sucedido en la carretera a Cochabamba, era el titular de una licencia de conducir categoría B, cuando las características del motorizado exigían una tarjeta tipo C que se otorga a los capacitados para manejar vehículos de alto tonelaje y de transporte interdepartamental de pasajeros.

El otro chofer, Jaime Daza Choque, tiene antecedentes en el Organismo Operativo de Tránsito a propósito de una colisión con vuelco de campana, sucedida el 20 de marzo de 1994, cuando fugó del lugar sin auxiliar a las víctimas, por lo que “se le dio suspensión definitiva”.

La causa directa del siniestro fue que Marcelo Tarifa se durmió sobre el volante por el estado de embriaguez y el cansancio físico.

El control

Como descargo ante la Superintendencia, los representantes de El Dorado explicaron que su mecanismo de control interno es así: “Los conductores se registran en nuestras oficinas donde firman una asistencia y al mismo tiempo se entrega la documentación para el viaje, verificándose el estado del conductor; si no están en condiciones para trabajar es suspendido”.

El ente regulador concluyó que “la sola lectura de ese argumento revela la inexistencia de controles razonables, efectivos, permanentes y confiables que permitan comprobar el estado del conductor durante el viaje”.

Así fue, el 9 de mayo, el chofer Hernán Torres Carrasco estaba con un nivel de 1,5 gramos de alcohol por mil, cuando el permitido es 0,75. El 5 de mayo, el conductor Teófilo Porcel Cabrera, que llegaba de Potosí a Cochabamba, tenía aliento alcohólico que fue registrado como ebriedad.

Por sentido común

El Superintendente informó que, además de la suspensión del servicio, la empresa El Dorado tiene 15 días de plazo para presentar un diseño de los procesos de contratación de personal y mecanismos internos de seguridad.

Según comentó, no existen lineamientos estandarizados para que las empresas adopten medidas de seguridad.

Villarroel comentó a esta redacción: “Estamos aplicando simplemente lo que nos exige un sentido común, no está señalado en ninguna disposición cómo tienen que operar esos mecanismos, pero al menos tienen que existir principios o normas internas en la empresa que evidencian que ella misma da cobertura suficiente, brinda seguridad a sus pasajeros”.

Los choferes deben estar visibles

“Sacan las cortinas delante de nosotros, pero al día siguiente están puestas otra vez”. Un policía de Tránsito de la Terminal de Buses relata así su tarea de vigilar que los choferes de los buses quiten las cortinas, carteles o vidrios polarizados de la cabina que los separa de los pasajeros. El propósito es que los conductores estén visibles a los viajeros, para que éstos puedan controlar si beben alcohol, si están cansados o si avanzan con exceso de velocidad.

El 4 de mayo, el Organismo Operativo de Tránsito comunicó por escrito a los administradores de las empresas de transporte que la medida pretende “brindar mayores márgenes de seguridad a los pasajeros”.

El jefe de Tránsito de la Terminal, teniente coronel José Murillo, explicó que algunos choferes son reticentes. “Ellos justifican que en la noche son alumbrados por otros vehículos que van en sentido contrario, el reflejo de la luz llega al vidrio y revota hacia la parte delantera, obstaculizando la vista”.

Un conductor de la flota Urus graficó: “¡Me veo a mí mismo reflejado en el parabrisas!”. Otro chofer comentó: “Hay pasajeros nerviosos; si no hay la cortina, se molestan con la luz que viene en contrario, si frenamos, si avanzamos, es difícil trabajar con viajeros que están quejándose de todo”.

El teniente coronel Murillo explicó que los camarotes vienen en el vehículo desde la fábrica y sería difícil quitarlos; mientras que los conductores insisten en que el “encandilamiento” de los vehículos contrarios también es peligroso para su trabajo en la carretera.

Regulación

El 19 de abril, un bus El Dorado protagonizó un accidente cerca de Cochabamba.

Murieron 35 personas y 25 resultados con heridas de diversa magnitud.

Una sanción prohíbe ahora a la empresa prestar servicios en todo el país.

La investigación detectó que los dos choferes estaban inhabilitados para viajar.

Uno de ellos tenía el permiso suspendido desde un accidente en 1994.



En un año, desde mayo de 2006, El Dorado registró 495 reclamos en su contra.



Las quejas son por vulnerar derechos, mal servicio, y falta de calidad y eficiencia.

En esta gestión se inscribieron 60 quejas de orden netamente administrativo.

Tránsito halló en mayo, luego del siniestro el 19 de abril, a otros dos choferes ebrios.

El Dorado tiene 80 empleados administrativos y 160 conductores.

La sanción correrá desde el momento en que la empresa sea notificada.