martes, 13 de abril de 2010

Santa Cruz Accidentes de tránsito dañan 63 postes de luz


En los 102 días del año en curso, en la ciudad se ha reportado la destrucción de 63 postes de alumbrado público, ocasionada por choques de vehículos. Según un informe de la municipalidad, en el 90% de los casos estuvieron involucrados conductores que se encontraban bajo influencia alcohólica.
En la intersección del segundo anillo y avenida Santos Dumont, uno de los postes centrales de iluminación está doblado y con muestras de que fue impactado por un vehículo que iba a alta velocidad. Una situación similar se observa en las avenidas Grigotá, en la Roca y Coronado y en la Mario Flores, donde se trabaja para la reposición de los postes.
En la Dirección de Alumbrado Público, el funcionario Javier Mercado aseguró que el año pasado 167 tuvieron que ser reemplazados por la aseguradora Fortaleza, empresa contratada por la comuna para que cubra los gastos de reposición. Cada poste está valuado en $us 1.200.
Mercado identificó el segundo y el tercer anillo, además de las avenidas de salida de la ciudad hacia el sur y hacia el norte, como los lugares en los que se presentan más incidentes con los postes de alumbrado.
Para que se realice el cambio de una luminaria chocada, Alumbrado Público debe presentar la denuncia en el Organismo Operativo de Tránsito y esperar el informe de la institución. El trámite, según el funcionario municipal, demora dos días y sigue el trámite de la aseguradora que, en promedio, tarda entre ocho y diez días para reemplazar un poste.
En la aseguradora Fortaleza se abstuvieron de mencionar el monto que recupera la empresa tras cobrar a los conductores que resultan identificados como causantes de los siniestros. Los empleados consultados argumentaron que es información confidencial.
Por su parte, el subcomandante de la Unidad Operativa de Tránsito, Carlos Gutiérrez, explicó que su dependencia no multa a los choferes involucrados en estos accidentes, pero retiene el vehículo hasta que Alumbrado Público emite un descargo económico que el infractor debe pagar para recuperar su motorizado.

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